LOS ÁNGELES — Miembros del sindicato United Steelworkers (USW), activistas comunitarios y diferentes organizaciones, se manifestaron el 22 de julio frente a las oficinas centrales de Occidental Petroleum por su posible participación en acciones ilegales y hasta asesinatos en Colombia.
"Las empresas que operan en las áreas de conflicto no deberían contribuir (...) al abuso contra los derechos humanos", dijo Terry Bonds, director del Distrito 12 del USW. Sin embargo, esa es la acusación contra la empresa petrolera. "Occidental Petroleum violó los derechos humanos de la comunidad indígena U'wa ya que invadieron su territorio para construir un oleoducto", explicó Gerardo Cajamarca, de USW, a El Sol vía telefónica.
Actualmente, un "tribunal del pueblo" en Bogotá, Colombia, está reuniendo pruebas relacionadas con los asesinatos y las amenazas de muerte contra los activistas en los que se presume que la compañía habría participado.
Según Amnistía Internacional, muchos de los abusos contra los derechos humanos realizados por grupos paramilitares —de extrema derecha y cercanos al ejército— han ocurrido en áreas y comunidades que colindan con el gasoducto Caño Limón de la petrolera.
Los activistas mencionan también el supuesto apoyo económico y logístico prestado por la compañía a la 18 Brigada del Ejército colombiano, que ha cometido numerosos abusos, entre ellos el asesinato de tres líderes sindicales en agosto de 2004. Existen pruebas de que la Brigada, que ayuda a proteger el oleoducto Caño Limón de la empresa, sigue apoyando a los grupos paramilitares.
"Al menos 40 por ciento de los congresistas actuales de Colombia tenían o tienen conexión con los paramilitares", asegura Cajamarca. "La empresa Chiquita Brands reconoció haber ayudado a esa organización, como lo han hecho otras".
Debido a que muchas de estas compañías son estadounidenses, su influencia en Washington afecta la política hacia América Latina.
De acuerdo a Cajamarca, Occidental Petroleum abogó intensamente por la implementación del Plan Colombia, supuestamente destinado a combatir el narcotráfico en ese país pero que, dice, tiene gran impacto en la guerra civil que vive Colombia.
Por medio del Plan Colombia, Estados Unidos dedica decenas de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para fumigación de zonas de cultivo de coca, entrenamiento y equipo militar y tareas de "inteligencia" —que para muchos es simple espionaje.
Durante la protesta, los activistas pidieron a los congresistas en Washington no aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, mismo que apoyan empresas como Occidental Petroleum, "empresa que es además antisindical", afirma Cajamarca.
"Siete de cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos", dice Cajamarca. Desde 1991, más de 2,300 sindicalistas han sido asesinados en Colombia.
"Confiamos en el apoyo de la opinión pública para cambiar la situación de guerra en Colombia", afirma Cajamarca.
Teatro Local 675: Occidental Petroleum on Trial
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