Doctor Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Ciudad.
Señor Presidente.
Con un respetuoso saludo manifiesto a usted la protesta de la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano por el allanamiento ilegal contra la sede del Comité Central efectuado por miembros de la Policía nacional en la madrugada del pasado lunes 20 de enero.
En pocas ocasiones habíamos registrado un hecho tan ominoso y grave. A la 1:10 am la radiopatrulla DCO 488 se estaciona al frente del inmueble, en la carrera 16 #31A-49. Sin motivo alguno, abordan, requisan y desarman al vigilante. Dos agentes ingresan a la sede política con las armas en la mano, sin orden judicial alguna y en actitud de asalto. Detienen al compañero Omar Javier Bustos, el vigilante, y lo conducen a la Unidad de Reacción Inmediata URI de Puente Aranda, para ser judicializado por porte ilegal de armas. En la URI, unidades de la policía lo someten a una golpiza. Es recluido en una celda cundida de suciedad y excrementos junto a varios maleantes. Al terminar la audiencia de cargos en horas de la noche y ser puesto en libertad, dos uniformados de la policía nacional lo encierran en un cuarto y lo vuelven golpear. Por efecto de la golpiza, Medicina legal dictamina seis días de incapacidad. Omar Javier ha recibido nuevas amenazas y sufragios en su residencia, lo que nos hace temer por su vida.
Es insólito que la Policía Metropolitana ingrese ilegal y violentamente a una sede que tiene que vigilar y proteger. En efecto, desde hace varios años el Partido Comunista ha exigido y contado con la presencia de personal uniformado en la sede de la dirección nacional, dadas las amenazas del paramilitarismo. En épocas electorales esa vigilancia se refuerza, en el marco del llamado Plan democracia, como parte de las medidas de garantías. Extrañamente, en este caso sucede lo contrario, porque la vigilancia fue suspendida los fines de semana en el horario nocturno, sin tener ninguna explicación consistente con la realidad y los riesgos actuales. El suceso que denunciamos se presenta entre la noche del domingo y madrugada del lunes, justo cuando el vigilante de la comisión de seguridad del partido se encontraba solo.
Señor presidente.
Hay un ordenamiento constitucional que prohíbe la violación del domicilio. Las requisas y allanamientos a inmuebles exigen una orden judicial, en este caso inexistente. La sevicia de los funcionarios de la Policía Metropolitana, es aplicada al humilde trabajador de la celaduría, lo que indica una clara violación de los derechos humanos.
No es coherente, que cuando el gobierno afirma que ofrece garantías a la oposición de izquierda en Colombia, sucedan hechos y hostigamientos comparables con los ya denunciados contra la sede y miembros de la UP en Arauquita y con las detenciones y amenazas a los dirigentes de Marcha Patriótica. Estos sucesos demuestran que el poder ejecutivo no está ofreciendo las garantías que se requieren para el ejercicio de la democracia desde los sectores de la izquierda.
Tenemos la convicción de que no se trató de un hecho casual, por desconocimiento o ignorancia. En su ocurrencia hay premeditación y ánimo de configurar una situación delictiva intimidatoria contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica que comparte nuestra sede.
Señor Presidente, reclamamos del gobierno nacional coherencia entre las palabras y los hechos, y exigimos las garantías, libertades y derechos democráticos para la izquierda colombiana.
En tal sentido insistimos en la necesidad de un pronunciamiento político público del gobierno nacional, que acompañe las medidas, investigaciones, sanciones e instrucciones precisas a los funcionarios bajo su jurisdicción.
Atentamente,
Jaime Caycedo Turriago
Secretario General
Partido Comunista Colombiano
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