domingo, 26 de febrero de 2017

Libranzas y contrataciones públicas

Por Eduardo Sarmiento

En los últimos días se presentaron serios trastornos por la aparición de pirámides en las libranzas y los sobornos cometidos por la empresa Odebrecht. En ambos eventos quedan al descubierto serias falencias institucionales.


En los cursos elementales de contabilidad se encuentra que los activos (edificios, equipos y sistemas de transporte) son iguales a los pasivos (deudas y patrimonios). Hace cien años se descubrió que cuando las instituciones financieras crecen rápidamente, los activos remunerados superan los pasivos. Las empresas experimentan grandes ganancias que se diluyen en la medida que declinan la entrada de los ahorradores, incluso hasta volverse negativas. Los administradores proceden a sacar los recursos, lo mismo que los más informados, a sabiendas que los últimos no podrán recuperar los activos.

En el fondo se trata de un engaño en el cual ganan los más informados y pierden la mayoría. Por tal razón las prácticas son prohibidas y sancionadas en la mayoría de los países. El sistema de libranzas es una invitación en la dirección contraria. Las organizaciones conceden préstamos a los empleados públicos y los pagarés se colocan en el mercado. Los administradores están en capacidad de fijar altas tasas de interés, que en la exuberancia llegaron a 22 %, para atraer ahorradores y conformar la burbuja.

Las autoridades de vigilancia no tienen los medios ni la competencia para detectar las irregularidades. La diferencia entre los activos y pasivos, que constituye la clara demostración de la burbuja, no aparece en los balances; sólo se capta en los cruces financieros. Así la alta tasa de interés pasiva con respecto a la activa y los niveles dominantes del mercado constituye un claro indicio de que los activos superan los pasivos y que un buen número de los ahorradores no recuperarán la inversión. Lamentablemente, tanto en Interbolsa como en las libranzas las superintendencias sólo se percataron de las burbujas cuando explotaron.

No menos diciente es la información de las obras viales. Los proyectos salen valiendo más del doble de lo presupuestado o asignado por la licitación pública. A la luz de esta información, los concesionarios están dispuestos a iniciar el negocio a pérdidas y esperar que las utilidades se obtengan más tarde por la vía de los sobrecostos. De hecho, quedan expuestos a cambiar los diseños, intereses políticos, prestamos de la ANI y sobornos. Sin ir lejos, los episodios de Odebrecht dejan al descubierto una clara relación entre la entrega de los sobornos y los cambios drásticos en las condiciones establecidas inicialmente en la licitación pública. Al igual que ocurre con las pirámides, la operación no deja rastros en los balances contables. La comisión se entrega y se distribuye a través de los bancos internacionales.

Los incentivos están mal puestos. La ganancia del proyecto no está en cumplir las especificaciones técnicas y suministrar el producto al menor costo y mayor calidad, sino en justificar los sobrecostos.

Las pirámides y las contrataciones de obras públicas aparecen como áreas donde las irregularidades vienen de tiempo atrás, prosperan por deficiencias institucionales y generan grandes transferencias de riqueza. En el caso de las pirámides la solución está en perfeccionar la información de los intermediarios financieros y fortalecer la competencia de las superintendencias para evitar los desequilibrios financieros e intervenir en el momento adecuado. En las obras públicas habría que empezar por prohibir los cambios de diseño de los constructores, mantener las reglas del juego definidas en las licitaciones públicas y avanzar en sistemas de subastas que aseguren que el valor inicial del proyecto corresponde a los costos reales.


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